Las medicinas prepagas enfrentan un nuevo desafío con la implementación de un impuesto del 20%, establecido por decreto en el gobierno de Javier Milei, lo que lleva a un aumento previsto entre el 16% y el 19% en los planes a partir de abril. Este impuesto, que se espera sea retroactivo desde diciembre, se aplicará a los adicionales que los trabajadores pagan por planes superiores a su obra social.
El decreto de necesidad y urgencia 70/2023, emitido por el Presidente en diciembre pasado, habilitó este nuevo tributo, destinado al Fondo Solidario de Redistribución (FSR). El FSR tiene como objetivo asegurar la cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO) y gastos extraordinarios para todos los afiliados del sistema.
Este aumento genera preocupación y controversia en el sector. Representantes de las empresas de medicina prepagas cuestionan la legalidad de este impuesto, argumentando que su establecimiento por decreto y no por el Congreso va en contra de lo establecido por la ley. Además, se suma a una serie de incrementos consecutivos que ya han superado los dos dígitos, lo que agrava la situación para los afiliados.