El fiscal federal Guillermo Marijuán dirigió una solicitud a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, instando a la baja de 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), administrada por ANSES. Estos beneficiarios, aunque inscritos como residentes mayores de 65 años, retornaron a sus países de origen, incumpliendo así con los requisitos de residencia en Argentina, tal como establece la normativa.
Según la investigación llevada a cabo por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuán, otros 7.512 titulares de la PUAM también registraron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que constituye una violación adicional de las normas.
El perjuicio mensual para las arcas del Estado debido a estas irregularidades alcanza los $449.341.802 millones, lo que anualizado asciende a una cifra considerable de $5.842.000.000. Marijuán solicitaron la suspensión inmediata de estas pensiones, considerando la necesidad de poner fin a posibles conductas delictivas relacionadas con el incumplimiento de los requisitos legales.
El fiscal remitió un detallado informe a la ministra Pettovello, señalando la existencia de beneficiarios que salieron del país sin retornar durante la vigencia de la prestación. Estos casos serán investigados individualmente, uno por cada beneficiario, debido a la diversidad de circunstancias que rodean su ausencia del país.
Entre los requisitos de acceso y continuidad de cobro de la pensión se establece que el beneficiario debe mantener residencia en Argentina y no ser beneficiario de jubilación, pensión o retiro, entre otros. La investigación destaca la necesidad de determinar quiénes fueron los responsables de permitir el cobro indebido de estas pensiones y tomar las medidas necesarias al respecto.