En un escenario donde la fecha límite se acerca rápidamente, el Gobierno de la provincia está tomando medidas concretas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impositivas. Con el término de la moratoria el próximo 31 de mayo, se avecinan acciones judiciales para aquellos contribuyentes que no regularicen su situación.
La directora general de Hacienda, Teresa Cappiello, y el subdirector de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP), Alberto Crespo, se han reunido con el coordinador de las ejecuciones fiscales, Hugo Zangrandi, para delinear estrategias en este proceso. La premisa es clara: luego del plazo establecido, se procederá al cobro de las deudas pendientes mediante acciones judiciales.
La moratoria, que abarca diversas deudas como impuestos provinciales (ingresos brutos, inmobiliarios, automotores y sellos), así como también obligaciones con Vivienda, préstamos y multas de diferentes administraciones, tiene su cierre fijado para el 31 de mayo. Este período brinda a los contribuyentes una oportunidad única para regularizar su situación fiscal y evitar posibles consecuencias legales.
El énfasis del gobierno recae en la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias dentro del plazo establecido, evitando así futuros procesos judiciales y sanciones financieras. La colaboración entre las autoridades fiscales y los contribuyentes se presenta como clave para mantener la salud financiera del estado y fomentar un ambiente propicio para el desarrollo económico.
En este contexto, se espera que los contribuyentes tomen las medidas necesarias para regularizar su situación fiscal antes de que expire el plazo de la moratoria. El departamento de Rentas se encuentra disponible para brindar asesoramiento y asistencia a aquellos que requieran orientación sobre los pasos a seguir.