En un giro impactante, la Policía Federal de Brasil presentó cargos formales contra el expresidente Jair Bolsonaro y 36 personas más, por su presunta participación en una “organización criminal” que intentó derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. El intento de golpe de Estado, que tuvo lugar el 8 de enero de 2023, sacudió al país y desencadenó una profunda investigación que reveló la posible implicación de Bolsonaro y varios de sus colaboradores cercanos.
Los acusados incluyen altos mandos militares como el general Walter Braga Netto, el excomandante de la Marina Almir Garnier Santos, el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia Alexandre Ramagem, y figuras clave del Partido Liberal, como Valdemar Costa Neto y Agusto Heleno, exministro de Defensa. También se menciona al empresario argentino Fernando Cerimedo, asesor cercano de Bolsonaro y aliado del presidente argentino Javier Milei.
La investigación de casi dos años concluyó que estos individuos formaban parte de un plan coordinado para abolir el Estado democrático en Brasil y derrocar a Lula, con la posibilidad de un magnicidio del presidente, su vice Geraldo Alckmin, y el juez Alexandre de Moraes, quien lidera la investigación.
El informe final, de más de 800 páginas, detalla cómo los implicados orquestaron el golpe, difundiendo mentiras, incitando a los militares y buscando apoyos jurídicos. El informe ha sido enviado a la Corte Suprema de Brasil, que ahora supervisará el caso, mientras el fiscal general Paulo Gonet determinará los próximos pasos.