En una investigación judicial que comenzó a raíz de denuncias por extorsión, se descubrió una compleja estructura piquetera que operaba con un sistema de cinco niveles, imponiendo castigos y cobrando pagos a beneficiarios de planes sociales y programas estatales. Los detalles de esta trama, que incluyen desde la exigencia de asistencia a marchas hasta el cobro de cuotas y la venta de alimentos destinados a los más vulnerables, salieron a la luz tras una serie de allanamientos y escuchas telefónicas.
La pesquisa, iniciada a fines del año anterior, reveló cómo los referentes y delegados piqueteros, en lo más alto de la jerarquía, cobraban hasta cinco veces más que aquellos a quienes supuestamente representaban. La investigación, llevada a cabo por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, se centró en 45 casos denunciados en Buenos Aires, aunque se presume que el alcance de esta red extorsiva podría ser mucho mayor.
Uno de los aspectos más preocupantes revelado por las escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp es el sistema extorsivo implementado por estos grupos, donde se premiaba la participación en marchas y otros encargos políticos mientras se castigaba severamente la ausencia. Se estableció un control estricto sobre los beneficiarios, quienes debían justificar cada falta a las movilizaciones con comprobantes, so pena de ser privados de alimentos o ser multados con sumas que alcanzaban los 10.000 pesos por cada ausencia.