El gobierno argentino tomó la decisión de anular un plan impulsado por la administración anterior, dirigida por el kirchnerismo, que buscaba ceder tierras a grupos mapuches usurpadores. La medida se enmarca en un esfuerzo por recuperar los terrenos otorgados ilegítimamente y revisar los reconocimientos concedidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a más de 200 comunidades. Esta acción, liderada por la actual conducción de Parques Nacionales, apunta a revertir políticas de connivencia gubernamental con agrupaciones que se habían beneficiado de ocupaciones ilegales de tierras estatales.
El gobierno de Javier Milei marcó como prioridad la recuperación de las tierras otorgadas de manera indebida, la anulación de convenios firmados y la revisión de los reconocimientos a comunidades indígenas. Esto incluye la rescisión de acuerdos como el firmado en 2021 entre Parques Nacionales y una fundación vinculada a la administración anterior, que contemplaba la entrega de tierras en la costa del lago Mascardi.
Uno de los casos emblemáticos de esta problemática es el ocurrido en Villa Mascardi, donde un grupo de personas ocupó ilegalmente terrenos pertenecientes a Parques Nacionales desde noviembre de 2017 hasta 2022. Durante este período, se produjeron conflictos judiciales y policiales, evidenciando el apoyo logístico brindado por organismos públicos a estas ocupaciones ilegales.
El rol conciliador de la administración anterior con las agrupaciones mapuches usurpadoras también fue objeto de crítica. Se revelaron casos en los que funcionarios del INAI fueron sorprendidos trasladando familias a zonas usurpadas, lo que evidencia un respaldo institucional a estas acciones ilegales.