El gobierno de Javier Milei se prepara para firmar un decreto que eliminará la posibilidad de emitir documentos de identidad con la opción no binaria, un derecho que fue reconocido en 2021 bajo la Ley de Identidad de Género 26.743. Este cambio afectará directamente a las aproximadamente 1.500 personas que ya solicitaron la modificación de su DNI para reflejar su identidad de género fuera del binario masculino-femenino.
La decisión ha generado preocupación y rechazo entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y la comunidad LGBTIQANB+, quienes ven en esta medida un claro retroceso en los avances logrados en materia de inclusión y diversidad. Según distintos referentes, la decisión del gobierno podría derivar en una serie de reclamos judiciales y movilizaciones en distintas partes del país, en defensa de los derechos adquiridos.
En 2021, Argentina se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en permitir que las personas no binarias pudieran ser reconocidas oficialmente en sus documentos, marcando un hito en la historia de los derechos humanos. Esta medida fue vista como un paso fundamental para garantizar la igualdad y el respeto por la diversidad de identidades.
Los sectores críticos de la nueva política argumentan que la medida no solo invisibiliza a un colectivo ya marginado, sino que además genera un precedente negativo en la lucha por la inclusión. En contrapartida, los defensores de la decisión del gobierno aseguran que la normativa actual es incompatible con el marco legal tradicional, argumentando la necesidad de revisar los criterios de identificación oficiales.
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