El gobierno de Javier Milei implementará una reestructuración en la gestión portuaria del país, disolviendo la Administración General de Puertos (AGP) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Las funciones de ambas entidades serán transferidas a un nuevo organismo: la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), cuyo objetivo es centralizar y ordenar los procesos de gestión portuaria y la infraestructura navegable.
El nuevo organismo se encargará, entre otras tareas, de regular el puerto de Buenos Aires y gestionar el dragado y balizamiento de la Hidrovía, que actualmente se encuentra en proceso de licitación. La reestructuración llega en un contexto económico complicado, ya que la AGP pasó de un superávit de US$28 millones en 2021 a un déficit de US$45 millones en 2023, lo que generó preocupaciones sobre la salud financiera de la entidad.
José Carlos Beni, quien fue nombrado interventor de la AGP en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández, impulsó la estatización de la Hidrovía. A pesar de sus esfuerzos por reducir los costos, la entidad mantuvo problemas estructurales, como la disminución de la planta de empleados, con controversias sobre los ascensos dentro de la institución.
Además, la AGP ha sido criticada por gastos cuestionados, como los más de $30 millones gastados en libros sobre el puerto, que no se comercializaron como se había planeado. También persisten las denuncias sobre empresas proveedoras que continúan ganando licitaciones a pesar de acusaciones de sobreprecios. La reestructuración del sistema busca eliminar estos excesos y mejorar la eficiencia de la gestión portuaria.