Mediante el Decreto 1084/2024, el Gobierno prohibió la propaganda política en edificios públicos, así como la exaltación de figuras en monumentos. Las nuevas reglas estipulan que los bienes del Estado no podrán llevar nombres de personalidades hasta 10 años después de su fallecimiento, y solo si no accedieron al poder de forma antidemocrática.
Además, se prohíbe a los funcionarios usar recursos públicos para fines personales o ideológicos, extendiendo estas normas a las instituciones educativas. Esto busca evitar el adoctrinamiento político, protegiendo la libertad de pensamiento de los estudiantes. Con estas medidas, el Estado refuerza la neutralidad institucional y asegura que los bienes públicos sirvan exclusivamente a sus funciones.