El Senado provincial dio un paso crucial en la protección de los menores al otorgar media sanción a un proyecto de ley que prohibirá a docentes con antecedentes en delitos contra la integridad sexual desempeñarse en instituciones educativas. La iniciativa, presentada por la senadora Leonor Minetti, pretende cerrar cualquier posibilidad de que personas con condenas o procesos penales en curso por delitos de índole sexual puedan trabajar en contacto con niños y adolescentes.
El proyecto establece que todos los aspirantes a cargos docentes y no docentes, así como cualquier personal que interactúe con menores, deberán presentar un Certificado de Antecedentes Penales emitido por la Policía de la provincia de Salta, además de un informe del Registro Nacional de Reincidencia. Estos documentos deberán ser actualizados cada dos años para garantizar la ausencia de antecedentes.
En caso de que un docente tenga condenas o procesos pendientes por delitos contra la integridad sexual, la ley establece que no podrá ser incorporado ni reincorporado bajo ninguna modalidad en establecimientos educativos, tanto de gestión estatal como privada.
Las escuelas públicas que no cumplan con esta normativa enfrentarán la apertura de sumarios para sus directivos. En el caso de los establecimientos privados que reciben subvenciones estatales, podrían enfrentar sanciones económicas, que incluyen la suspensión total de la subvención por un año o su reducción en un 30% por un máximo de tres años.
Esta medida surge tras una serie de reuniones entre senadores y autoridades del Ministerio de Educación, quienes acordaron la implementación efectiva de la normativa en caso de ser aprobada en su totalidad. Con este proyecto, Salta se alinea con otras provincias que ya han adoptado medidas similares para proteger a los menores en el ámbito educativo.