El fin de semana pasado, una fiesta clandestina en San Lorenzo derivó en un incidente violento donde dos menores resultaron gravemente heridos. Este hecho reavivó la preocupación del Concejo Deliberante de la localidad sobre la ausencia de intervención oportuna por parte de fiscales y jueces en estos casos.
Juan Pablo Dávalos, presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, expresó en una entrevista que las fiestas clandestinas se han vuelto frecuentes en la zona, pero la Policía no puede intervenir sin una orden judicial, lo cual limita su accionar. “La Policía está atada de pies y manos porque no puede desalojar ni intervenir sin el aval de un juez o fiscal”, explicó Dávalos.
El funcionario remarcó que el problema principal es la falta de actuación de las autoridades judiciales. Aunque la Municipalidad tiene el poder de imponer multas y clausurar las propiedades donde se organizan estos eventos, la suspensión de una fiesta en curso requiere la intervención de la Policía. Sin embargo, para que esta actúe, necesita autorización judicial. “La solución es que cuando la Policía pida permiso para evacuar, se lo otorguen. Deben actuar con firmeza y desalojar las fiestas; solo así la gente empezará a respetar las normas”, afirmó Dávalos.
San Lorenzo cuenta con ordenanzas que imponen multas severas por ruidos molestos y fiestas clandestinas, que pueden alcanzar hasta 1 millón 148 mil pesos. En casos donde están involucrados menores, la sanción económica se duplica, subrayando la gravedad de estos eventos para la comunidad.