La Cámara de Diputados de Salta aprobó la Ley de “Escuelas Seguras“, que establece la obligatoriedad de que todo el personal docente y no docentes en instituciones educativas presente un Certificado de Antecedentes Penales actualizado cada dos años. La norma busca asegurar un entorno seguro para los estudiantes, previniendo que personas con antecedentes por delitos, especialmente aquellos relacionados con la integridad sexual, puedan desempeñarse en establecimientos educativos.
Además, la ley establece sanciones para las instituciones que no cumplan con esta medida, como multas o incluso la reducción de subvenciones estatales. El Ministerio de Educación de Salta será el organismo responsable de implementar y supervisar el cumplimiento de esta normativa. La iniciativa fue aprobada de forma unánime por los legisladores de la Cámara de Diputados y será remitida ahora al Senado para su tratamiento.